Principales Plumas Nacionales

Editorial EL UNIVERSAL, ¿Qué hacer con líderes sindicales?

En 2011 el entonces presidente Felipe Calderón propuso al Congreso una reforma laboral que el sector más duro del sindicalismo calificó de “vendepatrias”. Curiosamente, ese mismo año una encuesta del Centro de Estudios y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados preguntó a la gente “¿quién se beneficia con la reforma?” La mayoría respondió: los sindicatos. El dato sirve para ilustrar la realidad de que desde hace tiempo, al menos en la percepción de los trabajadores, las grandes organizaciones gremiales del país dejaron de defender los intereses de sus integrantes, para más bien velar sólo por los de sus líderes. En las encuestas sobre confianza en las instituciones, los sindicatos están cada año en el sótano junto a diputados, policías y partidos políticos.

Hoy este diario publica un reportaje que abona a lo que la población ya sabe. Pese a que Víctor Fuentes del Villar tiene un sueldo mensual bruto de 20 mil 628 pesos, posee cinco propiedades con un valor total de 30.6 millones de pesos. Es el líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). Hasta el cierre de esta edición el dirigente no había explicado el origen de su patrimonio. ¿Tiene la obligación de hacerlo? La respuesta es sí; no sólo ante los agremiados en su organización. sino ante todos los contribuyentes que, con su dinero, pagan el sueldo de Fuentes. La CFE es financiada por el Estado.

Si el dirigente electricista continúa en silencio cabría esperar cuando menos un mea culpa. Difícilmente ocurrirá, considerando los antecedentes de otros homólogos suyos, cuyas prácticas han sido descubiertas antes. En diciembre pasado EL UNIVERSAL reveló que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), dirigida por Joel Ayala Almeida, había beneficiado a siete de sus colaboradores con 30 contratos que suman 18.5 millones de pesos. ¿A cambio de qué? Sesionar una vez cada dos meses, según el artículo 111 de la Ley del ISSSTE.

Bajo Reserva Periodistas EL UNIVERSAL 

¿Quién protege al director del hospital del ISSSTE?

Un halo protector tiene encima el director del Hospital Regional del ISSSTE Adolfo López Mateos, Roberto Baños Tapia. Cada que se ha buscado al médico que dirige el hospital en el que murió en mayo pasado el entonces director del propio instituto, Sebastián Lerdo de Tejada, el funcionario asegura que le han prohibido hablar. Baños Tapia fue el que informó de la muerte de Lerdo de Tejada con datos que no coinciden con los de un video que difundió EL UNIVERSAL y que da cuenta de presuntas negligencias en la atención médica al funcionario, quien falleció de un infarto. ¿Quién será ese ángel guardián que protege a don Roberto? ¿Funcionarios del instituto? ¿El sindicato?

La trama PRD-Ahumada

Una supuesta deuda millonaria es el centro del pleitazo legal entre la dirigencia del PRD y el empresario Carlos Ahumada. La trama incluye un pagaré “falso”, una denuncia por extorsión contra Ahumada y la supuesta colusión de jueces en México y Argentina para favorecer al hombre de negocios. En un capítulo más, don Carlos no se presentó a un juzgado argentino donde tenía que responder un cuestionario enviado por la Procuraduría General de la República en relación con la demanda que enfrenta por fraude, interpuesta por la actual dirigencia perredista, nos dicen. Ahora, se busca que las autoridades ministeriales mexicanas intervengan en los tribunales argentinos para que apliquen “medios coercitivos” y que el empresario responda cuatro preguntas relacionadas con la autenticidad del texto del pagaré que acredita la presunta deuda millonaria del sol azteca. La historia apenas comienza, nos comentan.

Distinción a Morales Lechuga

El abogado Ignacio Morales Lechuga recibe una distinción el jueves 10 de septiembre: la Universidad Autónoma de Nuevo León concede al veracruzano el Doctorado Honoris Causa en reconocimiento a sus aportaciones académicas, por su destacada trayectoria como servidor público y su compromiso social. Nos informan que el evento estará a cargo del rector Jesús Ancer Rodríguez, en una ceremonia programada en el Teatro Mederos (Campus Mederos de la UANL). Actualmente, don Ignacio, ex procurador del DF, ex procurador general de la República y ex embajador de México en Francia, es el titular de la Notaría 116 de la ciudad de México y profesor en la Escuela Libre de Derecho. ¡Enhorabuena!

Margarita Luna, Juzgar con una perspectiva de género

Juzgar con perspectiva de género es un concepto empleado a últimas fechas con mayor incidencia en nuestro país, concretamente a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Pero ¿qué es o qué implica impartir justicia con perspectiva de género? Al resolver el asunto Varios 1396/2011, la Corte nos acerca hacia una noción que permite una mayor claridad para su cabal comprensión.

En principio, es necesario sentar como premisa fundamental que nuestra Constitución prohíbe toda clase de discriminación, al tiempo que reconoce el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, al prescribir en su Artículo 4º que ambos son iguales ante la ley. Esto es lo que se conoce como igualdad formal. Sin embargo, hemos de reconocer que por múltiples factores de origen esencialmente cultural, en nuestro país aún no podemos hablar de una igualdad sustantiva, es decir la plena y real igualdad entre hombres y mujeres; en los hechos, la mujer sigue padeciendo situaciones de violencia o vulnerabilidad que en muchos casos nos son imperceptibles, imbuidos en patrones culturales que permean en estereotipos o prejuicios de género que incluso trascienden a las leyes.

De ahí que a partir del reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, se exija que los órganos jurisdiccionales introduzcan la perspectiva de género en la impartición de justicia, como un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. En otras palabras, tener en cuenta los factores de desigualdad real de quienes enfrentan un proceso judicial, adoptando medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de sus intereses.

Alejandro Hope, Iguala: la vergüenza y la oportunidad

No sabemos si los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron incinerados por sus captores. Pero, sin lugar a dudas, algo se quemó en este caso: la reputación de la PGR. Obviemos la discusión sobre el destino de los cadáveres. Mejor concentrarse en la descripción de la incompetencia de las procuradurías, contenida en el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes: escenas del crimen no levantadas o mal preservadas, evidencia perdida, peritajes incompetentes, diligencias no realizadas o hechas a destiempo.

Sobra decir que no se trataba de cualquier asunto. Las autoridades estaban sometidas a severa presión nacional e internacional. El presidente Enrique Peña Nieto comprometió todos los recursos del Estado para resolver el caso. El prestigio del país iba de por medio. Y aun así, la PGR sólo pudo construir un caso a la vieja usanza, con confesiones de presuntos responsables, probablemente arrancadas por la vía de la tortura. Y un caso, además, donde falta el móvil: nadie tiene claridad sobre las razones para secuestrar y (probablemente) asesinar a los normalistas.

¿Por qué tanta incompetencia? No lo sé a ciencia cierta, pero van algunas hipótesis:

1. Las procuradurías, lo mismo las estatales que la federal, son instituciones altamente politizadas. Sus responsables deben el cargo al titular del Ejecutivo (estatal o federal) y por tanto, deben entregar resultados en tiempos políticamente relevantes. Eso no contribuye a producir investigaciones profesionales y genera incentivos para fabricar culpables.

2. El control judicial sobre las procuradurías ha sido tradicionalmente débil. En el sistema de justicia penal que estamos dejando atrás, la consignación de un presunto responsable ante un juez es casi equivalente a una sentencia condenatoria. Casi todo tipo de evidencia es aceptable, sin importar cómo fue obtenida, y nada vale más que una confesión. No es un entorno muy propicio para la investigación científica.

Alejandro Encinas, Entre mentiras, fantasmas y amenazas

Un fantasma recorre Palacio Nacional, el fantasma de la indignación. Todas las fuerzas del viejo régimen se han unido en santa cruzada para acosar dicho fantasma, desde el Ejecutivo federal y sus huestes, hasta la élite política y empresarial, emprenden campaña y prohíjan amenazas contra la disidencia que emerge ante sus fracasos.

El mensaje de Peña Nieto con motivo de su tercer año de gobierno es copia fiel de esa realidad. En éste se da cuenta de un año difícil —que lo fue— para el país. Reconoce acontecimientos lamentables en Iguala; la fuga de Joaquín Guzmán Loera, así como las denuncias de actos de corrupción en el ámbito público, y de conflicto de interés en el ámbito de lo privado, que, dice Peña Nieto: “han generado molestia e indignación en la sociedad mexicana” y “lastiman el ánimo de los mexicanos y la confianza ciudadana en las instituciones”, ¿y…? No pasa nada.

Por el contrario, en la parafernalia que enmarcó este acto, la primera fila estuvo ocupada por los principales protagonistas de los escándalos presidenciales, los empresarios de Higa y OHL, Armando Hinojosa y José Andrés de Oteyza, beneficiarios de los millonarios contratos de infraestructura y concesiones públicas; por la “primera dama” y la “familia presidencial”, propietaria de la Casa Blanca, y célebre en sus declaraciones públicas, como las de Sofía Castro, quien durante la entrega de los premios Arlequín 2014, declaró: “no es momento de hablar de Ayotzinapa, venimos a celebrar”.

A sus espaldas, el gabinete ampliado, representantes de los poderes de la Unión, gobernadores de los estados, la élite del poder y sus súbditos, entre quienes se encontraban los responsables, cuando menos, de la ineficacia de las acciones contra la violencia, la inseguridad y el combate a la pobreza, así como los presuntos responsables, por acción u omisión, de los acontecimientos en Iguala y de la fuga del Chapo Guzmán. El mensaje del Ejecutivo contiene un conjunto de afirmaciones, verdaderas perlas de un México inexistente, que dan cuenta de cuán ajeno se encuentra de la realidad que enfrenta la inmensa mayoría de los mexicanos. A saber:

“Es un hecho que la violencia está disminuyendo en México”, cuando los homicidios cometidos en menos de tres años de su gestión superan la cifra de 45 mil, promedio superior a los 70 mil registrados en los seis años de la absurda guerra contra el crimen impulsada por Felipe Calderón.

Alberto Aziz Nassif, Un país falsificado

Después de escuchar al presidente Peña en su discurso del pasado 2 de septiembre con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, compruebo que los presidentes viven en otro país distinto al real, el México de las oportunidades y los logros, el de las grandes reformas y los avances, el México que camina hacia la paz, la inclusión, la calidad educativa, la responsabilidad global y la prosperidad. Sin duda, hay un país real y el país de Peña Nieto.

La estrategia narrativa empezó con un reconocimiento al malestar por las matanzas, la corrupción y las graves dificultades económicas. Sólo al inicio hubo un pequeño reconocimiento de la desconfianza, pero inmediatamente brotó la avalancha de lo realizado. Los datos y los indicadores, la mayoría negativos, tuvieron signo positivo. De la misma forma, hubo una mención hacia el exterior como el responsable de la incertidumbre. Pero, según Peña, todo se arreglará cuando pase la crisis internacional, entonces México será una potencia. Después de esta entrada empezó la batería de avances del programa de gobierno.

La argumentación comenzó con las reformas, 90 reformas a 51 artículos de la Constitución y 13 de ellas reformas estructurales. De tal suerte que somos el mayor reformador de la OCDE. Luego vinieron los datos de un México en paz, o lo que es lo mismo, el manejo de datos en donde se dice que la violencia ha disminuido. El reconocimiento a las Fuerzas Armadas y el discurso del respeto a los derechos humanos. En México lo que pasa todos los días con la violencia, no entra en el país de Peña. Toma datos hasta 2014, pero no dice nada de 2015 donde vuelve a crecer la violencia. Los graves expedientes de violencia, ejecuciones extrajudiciales, no forman parte de ese mundo. Para muestra queda el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH que mostró la falsificación de la PGR sobre el caso de los 43 de Ayotzinapa y demolió la supuesta “verdad histórica”.

Frentes Políticos

I.La razón. Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, aseguró que los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en Cocula. “Lo tenemos tan sustentado; los peritajes realizados por los expertos de la PGR, que obran en los expedientes, son contundentes y no dejan lugar a dudas de que en el basurero de Cocula fueron quemadas un gran número de personas la noche del 26 de septiembre”, aseguró. Hay  487 informes periciales, 386 declaraciones, cerca de 120 detenidos, 95 teléfonos móviles investigados y 14 registros, así como restos óseos que fueron recuperados de bolsas encontradas en el río. “Vamos a hacer la revisión del informe, y estamos abiertos para debatir”, explicó Zerón de Lucio.

II.Crear confusión. Carlos Martín Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, presentó las características e inconsistencias del caso Iguala. “No tenemos conclusiones, pero sí evidencia y, por lo tanto, es necesario replantear la investigación”, dicen los expertos. Le apuestan a que la incineración de los estudiantes es una hipótesis imposible. Sólo enturbian el caso en el momento menos oportuno. Se trata de un informe incompleto, tramposo y engañoso en el que no hay conclusiones sino suposiciones. Una pena que su trabajo deje más dudas que certezas. Que no los incineraron y se basan en la opinión de un solo experto. Está claro. No conocen la capacidad sanguinaria del narco en México.

III.Pendientes. Está más que documentado que el caso Iguala tiene muchas paternidades, y todas están en el Guerrero que gobernó Ángel Aguirre, en el Iguala que manejó a su antojo el exedil José Luis Abarca y en la participación de criminales como  Guerreros Unidos y Los Rojos, que hicieron de este territorio una guarida de criminales. El presidente Enrique Peña Nieto manifestó ayer su disposición para reunirse con los padres de los normalistas. Más de lo que le corresponde. ¿En serio en su equipo quieren que el mandatario sea insultado y hasta responsabilizado, otra vez, del asesinato y desaparición de los normalistas, como lo han hecho hasta ahora los asesores y padres de los alumnos de la normal?

Francisco Garfias, Los tres errores de Murillo

En Bucareli sabían de antemano cómo venía el informe. Hubo muchas reuniones previas con el grupo de expertos. Confieso el desconcierto que me produjo la “convicción” del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, en el sentido de que  los 43 de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, como establece la  versión oficial.

Ahora tengo más dudas que certidumbre de lo que realmente ocurrió la noche del 26 de septiembre en Iguala.  Vuelve a plantearse la pregunta fundamental en este doloroso rompecabezas: si realmente no fueron incinerados  ¿dónde están? La ausencia de respuesta, a casi un año de ocurridos los hechos, deja espacio a toda clase de especulaciones sobre el paradero de los chavos. Al cabo que ni nos gusta. Hay quien sostiene que los tiene encerrados el Ejército, por allí leí que los tiraron al mar, y así…

De lo único que sí estoy cierto es que el informe asesta un nuevo revés a la ya de por sí escasa credibilidad de los ciudadanos en el gobierno federal. - Es políticamente correcto estar de acuerdo con el informe del GIEI. El gobierno federal se allanó a este documento, por el que ya depositó un millón de dólares. No quiso pelearse. Ordenó un nuevo peritaje. El mismísimo presidente Peña dio indicaciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores para ampliar el mandato del GIEI.

Yuriria Sierra, De nuevo: ¡es la heronía!

En entrevista con Carlos Marín, el presidente Enrique Peña Nieto reconoce que el gobierno federal se equivocó al reaccionar tarde —o subestimar los hechos, según lo dijo— sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Y es cierto, la PGR, en ese entonces comandada por Murillo Karam, comenzó la investigación, cuyos avances conocimos diez días después de la desaparición de los 43 normalistas. Justo en ese hueco de tiempo se guarecen las dudas que, a ojos de muchos, existen en la investigación dada a conocer en aquella conferencia.

El gobierno reconoce el error, como una primera acción para darle a este caso las herramientas necesarias para ser aclarado. Si en algo coincidimos todos, respecto a Ayotzinapa, es que lo único deseable es que la investigación sea resuelta de forma tal que no quede espacio a sospechas de ningún tipo. En dos semanas se cumplirá un año de la desaparición de los estudiantes, por lo que sabemos de lo hechos, es evidente que el encontrarlos con vida se antoja imposible. Al menos, algunos de los restos encontrados en el basurero de Cocula dieron positivo en exámenes realizados fuera de nuestro país.

Lo que hoy nos queda, es la necesidad de cubrir los huecos con certezas sobre lo que pasó en aquella noche. Lo publicado anteayer por la CIDH sugiere que no hay evidencia de que un fuego de la magnitud necesaria como el descrito por los policías detenidos haya podido prenderse en el basurero de Cocula. Contrario a lo que de botepronto pensaron varios, este informe no desacredita por completo el trabajo de la PGR, pero sí la obliga a precisar la ruta que la llevó a tales conclusiones. Las hipótesis son varias, las líneas de investigación también.

Ana Paula Ordorica, Leopoldo López

Impresiona que un hombre que pudo haberse quedado a vivir en Estados Unidos, decidiera regresar a Venezuela a luchar desde la oposición por lograr un mejor país. Pudo haberse ido a Miami a vivir la buena vida que muchos venezolanos con dinero han tomado dada la cada vez más lamentable situación en su país. Primero con la presidencia de Hugo Chávez; ahora con la de su sucesor, Nicolás Maduro. Pero no. Leopoldo López decidió quedarse a luchar por la libertad y por una mejor Venezuela.

Hoy se encuentra en la prisión de Ramo Verde. Preso político del régimen de Maduro desde hace año y siete meses.

Leopoldo López, el hijo de Antonieta Mendoza —alta ejecutiva del Grupo Cisneros— y del empresario restaurantero y miembro editorial del influyente diario El Nacional, es el político de oposición más fuerte que tiene su país el día de hoy.

Hizo sus estudios en la escuela Hun de Princeton, en EU, y de ahí en la Universidad de Kenyon, también norteamericana, y a la Escuela Kennedy de Harvard. Por eso impresiona que un hombre que pudo haberse quedado a vivir en Estados Unidos, decidiera regresar a Venezuela a luchar desde la oposición por lograr un mejor país.

Pascal Beltrán del Río, Antes de pensar en Zonas Especiales

Ayer opiné en este espacio que antes de apostar por modelos de desarrollo nunca antes aplicados en el país, como las Zonas Económicas Especiales (ZEE), quizá deberíamos ver nuestras propias fortalezas y tratar de aprender de ellas para cerrar la brecha de ingreso entre el norte y el sur del país.

Hace unas semanas nos enteramos que hay estados de la República que han estado creciendo a tasas muy superiores a las de México en su conjunto.

Uno de ellos es Querétaro, que si bien no es un estado norteño, sino del Bajío, ha aplicado desde hace años un modelo de desarrollo radicalmente distinto al de los estados del sur y hoy está cosechando frutos. En el segundo trimestre del año, Querétaro creció –de acuerdo con el Inegi– a un ritmo de 12% anual. Durante el sexenio estatal que está por concluir, la entidad creció a un promedio de 6% anual. Se trata de tasas envidiables a nivel nacional.

¿Qué ha hecho Querétaro? Lo platiqué hace unos días en la radio con Marcelo López Sánchez, secretario estatal de Desarrollo Sustentable. “Yo diría que el secreto es saber cuáles son tus fortalezas”, me dijo López Sánchez, un funcionario que ha trabajado con gobiernos de distinto signo.

Pablo Hiriart, Ayotzinapa: versiones contrapuestas

La postura políticamente correcta es decir que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la “verdad histórica” que en su momento dio a conocer la PGR se complementan. Sin embargo, no es así. O es una o es otra.

¿Guerreros Unidos quemó a los 43 normalistas después de haberlos asesinado en los basureros de Cocula, como informó la PGR encabezada por Jesús Murillo Karam, o eso es falso como sostiene el GIEI?

Alguien miente. O se equivoca.

Las actuales autoridades de la PGR han dicho que el informe del GIEI viene a complementar la investigación que en su momento hicieran los peritos y fiscales de esa institución. No es así. La nueva narración de los hechos es opuesta a la que hasta el domingo era la versión oficial.



El centro del problema es eminentemente científico: ¿se pueden incinerar cuerpos y reducirlos a escombros en menos de un día, para tirarlos al río?

Dice el experto en incendios contratado por el GIEI (financiado por el gobierno mexicano) que no. Que se hubieran necesitado 30 toneladas de madera y 13 toneladas de neumáticos, además de muchos miles de litros de diésel.

Los especialistas que en su momento asistieron a la PGR dijeron que sí, y su opinión fortalecía lo confesado por los asesinos materiales de los normalistas que narraron con lujo de detalles cómo se deshicieron de los cuerpos.

El único “nuevo peritaje” que cabe es que otras autoridades científicas digan cuál de las dos versiones es la correcta. No hay nada de complementario en decir que los 43 fueron incinerados y otra conclusión que diga que eso es materialmente imposible.

Si el gobierno acepta –como lo hace– la versión del GIEI, toda su investigación previa está en duda.

Camarena, Es hora de volver a Iguala

El informe sobre Ayotzinapa entregado el domingo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales no es perfecto. No podría serlo. Es el resultado de seis meses de trabajo de cinco profesionales, quienes emprendieron la descomunal tarea de tratar de hallar agujas en ese pajal de más de 115 mil páginas que componían el expediente que recibieron al comenzar, en marzo pasado, su encomienda. 

El documento, un tacho de 560 páginas con diversos anexos, es un reporte claro, lógico y meticuloso. Podríamos decir que es un peritaje de la investigación. La cuestión ahora es qué hacemos con él.

Lo obligado es tomar el documento del GIEI para relanzar, de manera simultánea, dos operaciones: la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos y la investigación sobre lo ocurrido el 26 de septiembre.

Porque las deficiencias de las actuaciones ministeriales de PGJ-Gro y de la PGR, reseñadas y documentadas por el GIEI, hacen necesario empezar de cero. 

Pero de cero; es decir, relanzar (¿vía una fiscalía especial?) toda la investigación, así como la búsqueda de los jóvenes; eso es lo prioritario. Comenzar de cero supone, además y sobre todo, que el gobierno de Enrique Peña Nieto resista la tentación de tratar de justificarse, contradecir, minimizar o socavar el informe. 

El reporte del GIEI no debe leerse como una biblia, como una auditoría perfecta. Ni siquiera está redactado en tono de descalificación. No hubo tampoco en la conferencia del domingo, cuando fue presentado, soberbia o petulancia de parte de sus autores. En abono a ese espíritu, el gobierno y la sociedad tienen la pelota en su lado de la cancha: si tantos cabos quedaron sueltos, si tanto quedó por hacerse, he aquí un nuevo punto de partida.

Al menos formalmente, parece que el gobierno ha entendido eso, de ahí que es necesario reconocer que las respuestas de Enrique Peña Nieto y sus colaboradores han sido, más que menos, de apertura ante las recomendaciones incluidas en el informe del GIEI.

David Saúl, Conexión Chicago-Iguala
para heroína, posible móvil en caso Ayotzinapa

Una investigación de la DEA concluyó que la agresión a los normalistas pudo derivar de un caso de tráfico de drogas, relacionado con el cártel "Guerreros Unidos". Una investigación de la DEA –que incluyó escuchas telefónicas realizadas antes y después de la agresión a normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala–, permitió identificar y desarticular a una célula del cártel Guerreros Unidos que metió a Estados Unidos en compartimentos secretos en autobuses de pasajeros, heroína y cocaína valuada en más de 15 millones de dólares.

Este caso armado por la DEA entre 2013 y 2014 contra ocho integrantes de ese cártel, entre ellos Pablo Vega Cuevas, identificado como líder de la célula del citado grupo criminal en Chicago, sirvió para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes abriera la teoría de que la agresión a los normalistas pudo derivar de un caso de tráfico de drogas.

Y es que de acuerdo con el expediente de la DEA, el grupo Guerrero Unidos utilizó las empresas de autobuses de pasajeros Volcano y Monarca, para trasladar decenas de kilogramos de heroína y cocaína, desde Iguala, hasta Aurora y Batavia, en Illinois, Estados Unidos.

Según el expediente de la DEA, Guerreros Unidos logró conformar en poco más de un año una estructura de control total de la cadena comercial de droga, que iniciaba en México con producción y concluía en Estados Unidos con la distribución de heroína y cocaína, lo que les dejó millonarios ingresos.

Las escuchas que realizó la DEA, con el consentimiento de jueces, se realizaron entre octubre de 2013 y octubre de 2014, principalmente contra el líder del grupo Pablo Vega Cuevas a quien le intervinieron llamadas, incluso el 24 de septiembre, dos días antes de la agresión, hubo llamadas que permitieron el uso de autobuses de pasajeros para el trasiego de droga.

El GIEI advierte este caso presentado el 8 de diciembre de 2014 ante la fiscal Federal para Illinois, Nicol Kim, y sustentada con una declaración jurada de un agente de la DEA, podría tener relación con el caso Iguala, derivado de la existencia de un quinto autobús que normalistas tomaron y que podría ser una de las unidades usadas por Guerreros Unidos para el trasiego de droga a Estados Unidos.

Enrique Quintana, Remanentes de operación de Banxico bajarán deuda

¿Qué es lo que incluirá el Paquete Económico que se va a dar a conocer hoy?

Todo indica que será la tarde de este martes cuando se den a conocer los Criterios de Política Económica, el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos.

Una de las modificaciones interesantes que habrá en este Paquete, sin embargo, no corresponde a ninguno de esos tres componentes sino a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Actualmente, el artículo 19 de esta Ley establece las reglas de asignación de los ingresos excedentes obtenidos por el sector público. La mayor parte de los fondos que no están etiquetados se va a compensar incrementos no previstos del gasto programable o a nutrir a diversos fondos de estabilización.



En el Paquete que se dará a conocer hoy hay una propuesta, pues se especifica un uso preciso para la mayoría de los ingresos extraordinarios no recurrentes, como los remanentes de operación que el Banxico entrega a Hacienda por ley.

En este caso, la propuesta indica que el grueso de estos recursos se asignen a la reducción de la deuda pública, realizando pagos anticipados de ella.

¿Por qué es relevante esta modificación? Porque es previsible que en 2016, el Banco de México genere un alto nivel de Remanentes de Operación, como productos de la depreciación de nuestra moneda.

Sea a través de la venta de reservas o del incremento de la valuación de sus activos en dólares, Banxico ganará.

El año pasado, se generaron remanentes del operación del Banxico por 31 mil 449 millones de pesos, que fueron entregados al gobierno en los últimos días de abril.

Ese monto se generó con una depreciación promedio del peso frente al dólar de 3.3 por ciento.

Julio Hernández López, Astillero; Camaleonismo justiciero

Es la ruta histórica de la simulación política mexicana: discursos vehementes en la proclamación de compromisos y objetivos, solidaridad cuando menos salival con las causas y dolencias populares, indignación con los excesos del poder aunque el indignado sea el jefe de esa pirámide abusiva, ganancia del terapéutico tiempo que todo lo sana y permite que nuevos escándalos desplacen a los anteriores, judo malévolo que trata de aprovechar el empuje de las protestas para convertirlas en fideicomisos, comisiones legislativas especiales, nuevos peritajes, incorporación de las denuncias a la burocrática paginación oficial y la clara apuesta a la desmemoria, la manipulación mediática y la desidia cívica.

El principal interesado en que se llegue a la verdad respecto de los 43 normalistas desaparecidos es, desde luego, el propio Enrique Peña Nieto. Faltaba más. Así lo hace saber durante la inauguración de obras viales en la Puebla del góber Bala, Rafael Moreno Valle, que sigue usando cuanto recurso puede en promover su candidatura presidencial panista para 2018, acompañado del inamovible secretario de OHL y demás cuentas comisionables, el secretario porcentual de comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y de la anterior secretaria de desarrollo social-electoral, Rosario Robles, ahora colocada en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que antes ocupó ni más ni menos que Jesús Murillo Karam, el creador de la sicópata fabulación sobre lo sucedido casi un año atrás en Iguala y en Cocula.

Carlos Fernández-Vega, México SA; Empleo precarizado

El micrófono oficial divulga que “sólo con mejores empleos y salarios es posible dejar atrás la pobreza y superar la inequidad”, y que, por lo mismo, el gobierno peñanietista registra “buenos resultados” en todos esos renglones. Sin embargo, más allá del autoelogio y la fatua propaganda, la propia información oficial revela que la generación de empleo formal ha sido insuficiente (sólo se ha cubierto 44.5 por ciento de la demanda anual de plazas formales, sin considerar rezago histórico), que el poder adquisitivo de los salarios se mantiene en niveles raquíticos, que la falta de equidad es norma en este país y que, en fin, la pobreza se ha incrementado.

Resulta imposible que un país salga adelante a golpe de propaganda, pero en Los Pinos y áreas dependientes insisten –acumulan seis gobiernos al hilo– que ese es “el camino correcto”. Pero lejos de las áreas gubernamentales el análisis de la realidad laboral en el país sí es serio, como el del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), del que se toma la siguiente numeralia. Va pues.

La precarización laboral es una falla estructural que causa pobreza. Las cifras de ocupación y empleo acumuladas hasta el primer semestre de 2015 constituyen una situación paradójica: si bien la reducción de la desocupación (que no del desempleo) es un factor positivo, aunque muy limitado (de 4.9 por ciento en 2014 a 4.6 en 2015), el problema radica en que la mayor empleabilidad se da en un contexto poco propicio para el bienestar y desarrollo de la población.

Miguel Ángel Velázquez, Ciudad Perdida; Intentan venadear a Bahena

Hace unos días, un grupo de tranviarios, encabezado por Eugenio Rangel, tomó las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Tenía, según nos cuentan, la orden de arrebatar, a como diera lugar, el liderazgo de la Alianza de Tranviarios a su dirigente legítimo, Benito Bahena. El intento fracasó, pero dejó secuelas en el ambiente político de la ciudad que no parecen de fácil solución.

La mano que se encargó de mecer esa cuna fue ni más ni menos que Eduardo Venadero, el mismo que pidió licencia al cargo de director del Servicio de Transportes Eléctricos para operar en el Distrito Federal las campañas del PRD. Los resultados están a la vista de todos y lo extraño es que al concluir las campañas y la elección, no obstante el fracaso, Venadero regresará al puesto, desde el cual parece haberle declarado la guerra a Benito Bahena, hombre que está ahora en las filas de Morena.

Pero eso no es todo: la acción de Venadero fue interpretada casi de inmediato como una agresión del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a Andrés Manuel López Obrador (hay quien asegura que la semana pasada se encontraron los dos y hubo acuerdos importantes), como si hiciera falta meter fuego a la caldera, aunque todos los que saben del asunto aseguran que, pese a las instrucciones del mandatario, Venadero lanzó a sus guerreros a una lucha que no tenía posibilidad de triunfo.